¿Dónde se encuentra la institucionalidad ambiental ad portas 2025? 

Hasta 1994, Chile carecía de una normativa ambiental integrada. La Ley de Bases Generales del Medio Ambiente (Ley 19.300) de ese año estableció el marco para el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que obliga a los proyectos de inversión a someterse a evaluaciones de impacto ambiental (EIA). 

Previo a esta ley, no existía una supervisión adecuada, lo que permitió que muchas actividades industriales y extractivas operaran sin considerar los impactos ambientales a largo plazo. 

30 años más tarde. Después de múltiples reformas aún seguimos transicionando. Para no perder la pista de este proceso de transformaciones quiero poner en contexto los avances y desafíos de este año y cómo se viene el 2025: 

2024:  

• Superintendencia del Medio Ambiente:  El principal desafío de la SMA es el aumento en el volumen de denuncias, alcanzando cifras cercanas a las 30.000. A pesar de que el portal ciudadano de denuncias ha facilitado el acceso, la institución no cuenta con la capacidad suficiente para gestionar la demanda, con un promedio de 300 días en atender una denuncia. 

• Contaminación atmosférica: Chile avanzó en la reducción de las emisiones de los principales contaminantes atmosféricos, pero las concentraciones de MP2.5 se mantienen entre las más altas de la OCDE y superan ampliamente las directrices de la Organización Mundial de la Salud, lo cual plantea importantes riesgos para la salud del 98,6% de la población. El avance en el monitoreo de la calidad del aire ha facilitado la implementación de planes de descontaminación. 

• La Ley de la Naturaleza y el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas representan grandes avances: El país está en condiciones de cumplir sus objetivos meta, que busca proteger el 30% de nuestro territorio y maritorio al 2030 (30×30). Chile hoy cuenta con el 23% de su territorio terrestre protegido (SNASPE) y el 42% de su zona económica exclusiva en el mar. 

• Ley REP: Los problemas de gestión de residuos deben abordarse con prontitud para avanzar hacia una economía circular. Chile ha logrado progresos mediante la reducción de los vertidos, la puesta en marcha de varios regímenes de responsabilidad extendida del productor y la promulgación de la Ley de Plásticos de Un Solo Uso. Aun así, el sistema de gestión de residuos sigue siendo ineficiente. Persisten importantes retos para desviar los residuos orgánicos de los rellenos y mejorar el reciclado que apenas alcanza el 1%. 

• Chile dio un gran paso adelante en su política climática mediante un esfuerzo conjunto de todos los ministerios: La Ley Marco de Cambio Climático (LMCC), promulgada en 2022, establece como objetivo nacional vinculante alcanzar cero emisiones netas en 2050. Sin embargo, Chile no está en vías de alcanzar los objetivos nacionales de emisiones de GEI. 

2025 

En 2025, la institucionalidad ambiental en Chile debería concretar: 

• Reformas al SEIA para una evaluación más rigurosa de proyectos de alto impacto, incorporando criterios de cambio climático y biodiversidad. 

• Fortalecimiento de la SMA con mayor autonomía y recursos para fiscalizar el cumplimiento de la normativa ambiental. 

• Implementación plena de la Ley Marco de Cambio Climático, con metas claras de descarbonización y adaptación. 

• Ley de Biodiversidad con un sistema robusto de áreas protegidas y restauración de ecosistemas. 

• Avances en la economía circular, con la implementación de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) y fomento a la reutilización de materiales. 

• Mecanismos de participación ciudadana que aseguren la inclusión de comunidades y pueblos indígenas en decisiones ambientales. 

• Transición energética con la expansión de energías renovables y reducción de la huella de carbono en sectores industriales. 

• Desarrollo de una Estrategia Nacional de Adaptación y Mitigación con acciones descentralizadas para enfrentar el cambio climático. 

• Cumplimiento de los ODS (Acción por el clima, vida submarina, y ecosistemas terrestres) mediante políticas públicas alineadas con estándares internacionales.