Por Leonardo Mena B.
En Chile, el panorama de los delitos económicos y medioambientales ha estado en constante evolución, y con la promulgación de la Ley N° 21.595, el país da un paso firme hacia una regulación más estricta y efectiva de estos actos perniciosos. Publicada el 17 de agosto de 2023, esta legislación entrará en vigor el 17 de octubre de 2024, marcando un hito en la lucha contra la corrupción y el daño ambiental.
El título «El Karma Medioambiental» refleja la idea de que nuestras acciones hacia el medio ambiente eventualmente tendrán consecuencias, ya sea positivas o negativas. En este sentido, es fundamental que quienes permitan que se genere daño a nuestro entorno natural enfrenten las repercusiones de sus acciones.
En este sentido, uno de tantos desafíos importantes que enfrenta esta nueva ley es el control de las extracciones de aguas superficiales y subterráneas, particularmente en áreas declaradas como zonas de escasez hídrica. Esta problemática se agrava aún más debido a la mala gestión interna de algunas empresas y que a menudo operan sin seguir adecuadamente los compromisos y permisos ambientales adquiridos. La falta de seguimiento de estos, sumado al aumento de la población y a la presión ejercida por los factores climáticos, como el calentamiento global y el fenómeno de La Niña, intensifica la crisis hídrica en el país.
Un caso ilustrativo ocurrido en la región de Valparaíso durante el año 2023 evidencia estas preocupaciones. La Dirección General de Aguas (DGA) impuso una multa de $120 millones a un empresario agrícola de la comuna de Hijuelas, por operar sin contar con los derechos de aprovechamiento de agua debidamente inscritos y regularizados. Esta situación no solo representa una violación legal, sino que también amenaza directamente uno de los derechos humanos fundamentales: el acceso al agua y al saneamiento básico de la población de la región, especialmente en un contexto de escasez hídrica. Esta situación es realmente preocupante ya que no es un hecho aislado. Según datos de la DGA para la región de Valparaíso las multas solo del año 2023 ascienden a casi $2.000 millones de pesos.
La promulgación de la Ley 21.595 marca un hito significativo en la respuesta a estas problemáticas. Esta nueva legislación no solo penaliza las extracciones no autorizadas de agua en zonas de escasez, sino que también establece sanciones más severas, incluyendo penas de presidio o reclusión menor para los infractores. Con la aplicación de esta ley, se busca no solo disuadir la violación de las normativas ambientales, sino también fomentar una cultura de responsabilidad y cuidado de los recursos naturales. Es importante destacar que estas medidas no solo recaen sobre individuos, sino también sobre personas jurídicas, directivos y gerentes de empresas.
